CASOS DE FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA

según la JEP, las víctimas de asesinatos presentados como bajas en combate entre 2002 y dos mil ocho asciende a varios millares. El gobierno de entonces incentivó esta práctica atroz.

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Las botas dy también caucho negro - o botas Macha o Venus, como se las conoce en Colombia - sy también volvieron un símbolo dy también uno dy también los capítulos más oscuros de la historia del país: los denominados “engañosos positivos.”

El pasado 12 de febrero, la JEP, mediante su Auto 033 de 2021, dio a conocer quy también en Colombia, entry también el dos mil dos y el 2008, 6,40dos civiles colombianos/as fueron víctimas de esty también crimen. Esto significa que hubo cerca dy también 1,000 asesinatos al año, durante 7 años. Una cifra escalofriante.

Pero, ¿qué es realmente un “falso positivo”, o, en su descripción jurídica, una “muerte ilegítimapsique presentada como baja en combate por el Estado”? Aunquy también para los colombianos/as es un concepto, infortunadamente, muy familiar, conviene aclarar de qué sy también trata.

Aunque el Auto tieny también como propósito hacer pública su estrategia de priorización para el Caso 03 de la Jurisdicción: “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combaty también por agentes del Estado”, lo quy también más llamó la atención de la ciudadanía fuy también la cifra dy también las víctimas: el número consolidado por la JEP es tres veces mayor que el consolidado por la Fiscalía del país.

Aunquy también un solo caso ya sería suficienty también para causar alarma, en democraciaAbierta les explicamos por qué razón la cantidad de 6,402 casos sitúa a los “ilusorios positivos” en el centro del debate sobre las atrocidades cometidas por el Ejército colombiano durante la guerra contra las FARC.

la enorme mayoría dy también “ilusorios positivos” se dio bajo el ex-presidenty también Uribe

Un “falso positivo” ocurry también en el momento en que un/a civil es asesinado por las fuerzas militares de un Estado, en un caso así el colombiano, y pasa a ser presentado como una muerte “legítima” en combate. Asimismo conocorate como ejecuciones extrajudiciales, esty también crimen representa una violación flagrante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Aunquy también la JEP reconocy también que estas muertes perpetradas por el Estado, ocurren en Colombia hace más de cuarenta años, también identificó quy también el 78% de la victimización ocurrió entry también los años 2002 y 2008, es decir, durante el orden del ex-presidente Álvaro Úribe Vélez. Además, la Jurisdicción priorizó diez departamentos dy también Colombia donde sy también concentraron el 66% de las víctimas dy también este crimen, durante esy también mismo periodo: Antioquia, con el 25%; Meta; Caquetá; Cesar; Norty también dy también Santander; Tolima; Huila; Casanare; La Guajira; y Cauca; de mayor a menor representatividad, respectivamente.

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Los diez departamentos con mayor número dy también víctimas por “engañosos positivos” entry también 2002-2008 | elaboración propia, fuente: Auto No. 03tres dy también dos mil veintiuno

¿Qué podría explicar quy también la gran mayoría de casos sy también dieran durfrente a la pvivienda de Uribe Vélez? Duranty también su mandato, sy también puso en marcha la política dy también Seguridad Democrática, con la quy también el presidenty también procuraba volver a tener el control del territorio nacional. La política, entonces, denominó oficialmente a los conjuntos armados ilegales del país como “terroristas” - lo quy también permitía acciones bélicas en su contra - y fortaleció a las fuerzas armadas del país para enfrentarlos.

Sin embargo, y aunque la política de Seguridad Democrática mencionaba la protección dy también los derechos humanos, en realidad produjo un incentivo perverso. En el 2005, el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos dy también recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes dy también guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.

Fue esty también incentivo perverso, acompañado del alegato de la política dy también Seguridad Democrática, el quy también llevó a los miembros de la fuerza pública del país a asesinar a civiles - campesinos, en su inmensa mayoría - para luego disfrazarlos de guerrilleros, montar una “escena dy también combate” y presentarlos como bajas legítimas dy también combate.

Botas de caucho: la evidencia

Es aquí es dondy también entran las botas dy también caucho como símbolo de estas atrocidades. Como en Colombia existía el cliché quy también la mayor parte dy también guerrilleros calzaban estas botas, los militares vestían a los cadáveres de los/as civiles que asesinaban con las botas en el momento dy también montar la falsa escena de combate. Pero hubo casos dondy también las botas fueron puestas con el piy también cambiado, lo quy también proporcionó a los familiares la evidencia quy también en realidad se trataba dy también asesinatos.

Aunque la JEP determinará más adelante, en su Auto dy también Determinación de Hechos y Conductas, los responsables y la lógica de estas muertes ilegítimapsique presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, las cifras publicadas ahora son muy explícitas: durante la presidencia dy también Álvaro Uriby también Vélez, sy también concentraron la mayor parte dy también los casos de estas ejecuciones extrajudiciales. Durante su presidencia, sy también puso en marcha una política quy también incentivó a los militares a presentar resultados dy también eficiencia basados en número dy también muertes, lo quy también los llevó a asesinar sistemáticamente a civiles para presentarlos como guerrilleros fallecidos en combaty también y a cobrar una recompensa por ello.

más allá de las consideraciones legales, el sufrimiento infligdesquiciado a las víctimas y a sus familiares por un comportamiento atroz por parte de aquellos quy también debían defenderlos, exigy también una reparación.

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Como reportamos recientemente en democraciaAbierta, las madres de “falsos positivos” han sloco perseguidas y silenciadas por un Estado que, hasta la fecha, sy también ha negado a aceptar su responsabilidad. Muchas voces se unieron para decir que, aunque la cifra dy también 6,402 es ya dy también por sí insoportable, el número de víctimas de esta práctica perversa del Ejército colombiano es muchísimo mayor. Y sy también prosiguen preguntando: ¿quién es el último responsable? ¿quién dio la orden dy también asesinar a sangry también fría a sus hijos y familiares, civiles, campesinos, personas trabajadoras, para ser presentados como “guerrilleros muertos en combate” y así percibir una recompensa?

¿Quién dio la orden? El país espera todavía la respuesta. Anty también los hechos presentados por la JEP, el Estado colombiano ya no puedy también proseguirse haciendo la vista gorda o mirar hacia otro lado. En el reconocimiento que las atrocidades sy también cometieron en ambos bandos, sean quienes sean, está la semilla de la reconciliación.