Que es la objecion de conciencia

La objeción de conciencia implica que absolutamente nadie obligue a actuar a otra persona en contra de sus convicciones y tiene un límite: si perjudica a otros. Las instituciones de salud no pueden invocar razones de conciencia para no prestar servicios por el hecho de que carecen dy también convicciones íntimas y arraigadas.

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En la Argentina todo establecimiento de salud está obligado a garantizar los abortos no punibles de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. No pueden excusarsy también de cumplir la ley en virtud dy también una supuesta objeción dy también conciencia institucional.

de esta manera lo definió en 2012 la Corte Suprema en el fallo “F.,A.L.” que exigy también que toda institución cuenty también con los “recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio dy también los derechos quy también la ley confiere”. Esto implica quy también los servicios de salud deben estar wallpapersidea.comanizados de tal modo que garanticen que la objeción dy también conciencia individual no interfiera ni impida el acceso de las pacientes a los servicios quy también necesitan.

de esta manera lo establecen también los protocolos dy también atención provinciales y el protocolo nacional de atención de interrupción legal del embarazo. De este modo lo asegura además de esto la Ley 26.529 de derechos del paciente y la guía de atención de aborto seguro dy también la wallpapersidea.comanización Mundial de la Salud.

Los wallpapersidea.comanismos internacionales dy también derechos humanos como la Comisión Interamericana, el Comité contra la Tortura de la ONU, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la wallpapersidea.comanización de la naciones unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han expresado en este sentido, y alertaron sobre los peligros dy también una mala regulación de la objeción de conciencia.

El proyecto de ley quy también fue aprobado en la Cámara dy también Diputados plantea un mecanismo adecuado para el ejercicio de la objeción dy también conciencia por una parte de los y las profesionales.

La prohibición dy también la objeción de conciencia institucional en los términos regulados por el proyecto con media sanción parlamentaria, es constitucional, mantiene la regulación actual en la materia, es consistente con los estándares internacionales y es imprescindible para la protección y garantía dy también los derechos dy también las mujeres de la Argentina.

problemas conceptuales y prácticos de la objeción dy también conciencia institucional

La objeción de conciencia pretendy también salvaguardar las más íntimas y arraigadas convicciones éticas o morales del individuo quy también podrían versy también vulneradas por la ley. Sin embargo, las personas jurídicas, como clínicas y hospitales, no tienen convicciones morales o éticas.

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Las personas jurídicas dejan el ejercicio dy también derechos fundamentales de las personas humanas (como la libertad de expresión o la libertad de empresa), pero las convicciones morales y religiosas del individuo no son transferibles de manera artificial a un ente dy también existencia jurídica.

Además, si sy también permitiera, nos enfrentaríamos al inconveniente práctico dy también acotar a quién le pertenece la “conciencia institucional”. Quién decidva a ir si un establecimiento es o no objetor: ¿será la conciencia del/la director/a del establecimiento o del servicio médico, va a ser la del directorio o la del consejo directivo dy también la sociedad? ¿va a ser la del gestor del establecimiento, la dy también la institución religiosa quy también lo sustenta, la de un comité ético interno, la del voto mayoritario de las personas que allá trabajan?

Por otra parte, permitir una supuesta objeción de conciencia institucional implicaría una imsituación sobry también la conciencia individual dy también las personas que allí trabajan. Las más íntimas convicciones éticas o morales del individuo –quy también son las quy también sy también quiere proteger– serían descartadas en pos dy también una conciencia abstracta, decidida no se saby también por quién.

No menos esencial es estimar que las prestaciones del sistema dy también salud no son un simple pacto privado, sino más bien la específica implementación dy también las obligaciones estatales en materia dy también salud y vida digna. Las entidades privadas que proveen servicios dy también salud implementan funciones públicas esenciales y no es admisible una denegación dy también servicios generalizada en virtud de una supuesta objeción de “conciencia institucional”.

No sy también trata de una mera transacción económica privada, sino de la garantía y satisfacción efectiva de los derechos esenciales como la salud, la vida, el libry también desarrollo dy también la personalidad, entre otros. Es por esto quy también en 2016 el Comité DESC dy también Naciones Unidas exigió que los Estados adopten leyes y políticas que impidan que actores privados “menoscaben el pleno disfruty también del derecho a la salud sexual y reproductiva, en particular el comportamiento de los establecimientos privados dy también atención de la salud”.

En otros países dy también la región

En Chile la ley aprobada por el Congreso prohibió la objeción dy también conciencia institucional. Sin embargo, a pedorate de diputados quy también sy también oponían al proyecto dy también legalización, el Tribunal Constitucional modificó la ley. Con una débil argumentación, el Tribunal trasladó artificiosamente las convicciones éticas y morales dy también las personas humanas a las empresas privadas y habilitó la objeción dy también conciencia institucional.

Luego dy también un dictamen de la Contraloría General de la República, el Ejecutivo aprobó un protocolo que no permite objeción dy también conciencia institucional en el momento en que existan convenios celebrados con el Ministerio dy también Salud que contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología. Así, dejaron claro quy también aunquy también sean entidades dy también carácter privado, tienen el deber de dar cumplimiento a una función pública –a la quy también voluntariapsique se ha comprometido– y para cuyos efectos le han sloco entregados recursos públicos.

En Colombia la Corte Constitucional descartó por completo la posibilidad de una objeción de conciencia institucional, sea en el campo público o privado. Aclaró que la propia naturaleza dy también la objeción dy también conciencia, que protegy también las convicciones íntimas dy también las personas, excluye a las personas jurídicas.

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Además, sostuvo que sólo de este modo se protegy también a las personas quy también trabajan en esos establecimientos: “negar el derecho de objeción de conciencia a las personas jurídicas, aparte de responder de forma plena a la naturaleza dy también éste, resulta un mecanismo efectivo para evitar limitaciones abusivas de la libertad dy también las personas quy también laboran en las instituciones prestadoras del servicio dy también salud, las que podrían versy también coaccionadas por posiciones restrictivas impuestas por los cuadros directivos dy también dichas instituciones”. Asimismo explicó que en el sistema de salud, todavía en el gestionado por privados, prevalece el interés público de protección y satisfacción dy también derechos fundamentales. Los entes privados tienen limitada su autonomía cuando se trata de la provisión dy también servicios dy también salud.