SITUACION DE LOS INDIGENAS EN COLOMBIA

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En Colombia, tanto los pueblos indígenas como las comunidades trauxiliares negras, raizales y palenqueras son reconocidas como conjuntos étnica, histórica y culturalpsique diferenciados, con derechos humanos y territoriales dy también naturaleza colectiva. Según las cantidades del censo de 2018, la población indígena colombiana asciende a 1.905.61siete personas que, a su vez, pertenecen a 11cinco pueblos originarios diferentes. Más o menos el 58.3% de esta población habita en 717 resguardos dy también propiedad colectiva.

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Por su parte, el mismo censo contabilizó 4.671.160 personas (9.34% del total nacional) quy también se autoreconocen como población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Cerca del 7.3% de esta población habita en 17ocho territorios colectivos de su propiedad, organizados alrededor de Consejos Comunitarios.

Durante 2020, como efecto del avivamiento del enfrentamiento armado interno luego de la llegada del nuevo Gobierno de Iván Duquy también adverso al pacto de Paz, sy también recrudeció la violencia y la retoma armada de muchas de las regiones habitadas por estos pueblos. En este contexto, tal como lo afirma la Defensoría del Pueblo, son ostensibles el rezago en la implementación del Capítulo Étnico quy también hace party también del pacto dy también Paz, y el empeoramiento dy también la situación humanitaria que solo en dos mil veinte dejó un saldo dy también 112 indígenas asesinados en diferentes regiones, sin contar a los miembros de comunidades afrodescendientes cuyo registro no está completamente discriminado.

Pueblos indígenas y comunidades étnicas en tiempos abismales dy también pandemia

Durante 2020, la fuerza dy también poderes hegemónicos y delincuenciales que apuntan a la médula dy también pueblos indígenas y comunidades étnicas, sus territorios, recursos y derechos colectivos, se hizo sentir con singular rigor en Colombia. En una atmósfera generalizada de violencia, debilitamiento dy también la democracia y pandemia, el Gobierno actual y sus mayorías parlamentarias avanzaron con piy también firmy también en el desmonty también de una legalidad más afín a los principios constitucionales anclados en los derechos individuales y colectivos, para reemplazarla por leyes y normas de menor jerarquía como decretos, resoluciones y circulares expedidas a su acomodo gracias a las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para legislar duranty también el Estado de Excepción declarado en virtud de la pandemia del COVID-19, y al debilitamiento de las fuerzas de osituación en el Congreso dy también la República quy también fue reducloco a la parálisis del trabajo virtual permanente so pretexto dy también exactamente la misma pandemia.

De esta manera, duranty también 2020 el plano declarativo y el alcance jurídico de los principios enunciados en la Constitución Política colombiana, entre ellos, el de un Estado pluriétnico y multicultural, prosiguieron cayendo en la corrienty también mundial quy también apaga el vigor dy también las democracias y, con ello, los espacios dy también existencia de sociedades y culturas incrustadas en nuestro Estados-nación.

Entre la maquinaria dy también la muerte y el desmonty también del acuerdo dy también Paz

hablar sobry también la situación de los pueblos indígenas en Colombia en el marco del enfrentamiento armado durante el dos mil veinte pareciera un déjà vu, porque si bien las masivas violaciones a derechos humanos y colectivos de décadas pasadas ligadas al conflicto armado interno dejaron millones dy también víctimas en el país –en buena parte miembros de pueblos indígenas y comunidades étnicas–, duranty también los años comprendidos entre 2012 y dos mil dieciséis en el momento en que se produjo la formalización del diálogotipo y la firma del pacto de Paz con la guerrilla dy también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se vivió una paulatina desactivación del conflicto, baja en el número dy también víctimas, retorno de algunas comunidades a sus territorios y un clima dy también relativa paz.

Luego dy también esta transición que dejó experimentar la desactivación de factores claves del enfrentamiento especialpsique en zonas rurales, empezó a darse un nuevo ciclo de violencia exacerbado con la llegada del nuevo Gobierno dy también Iván Duquy también y su partido, el Centro Democrático, hacia finales de 2018. Este sector, con influencia determinanty también en lo quy también ha sdesquiciado el devenir del enfrentamiento y la retoma dy también regiones por parte de actores armados, puso en marcha su consigna de “hacer trizas la paz”, es decir, destruir la estructura del acuerdo dy también Paz, especialpsique en sus componentes dy también justicia tradicional; reforma rural integral; verdad, justicia reparación y no repetición; desmonte del paramilitarismo, y planes de sustitución dy también cultivos dy también uso ilícito.<1>

En este contexto, tal y como lo notifica la Defensoría del Pueblo en su más recienty también Informy también sobry también el pos-pacto en territorios étnicos, no solo es ostensibly también el rezago en la implementación del capítulo étnico que hace parte del pacto dy también Paz, sino más bien que la situación humanitaria se vieny también agravando de forma dramática en los territorios étnicos del país:

Aumentan las amenazas, atentados, asesinatos y desplazamientos a los líderes, autoridades y comunidades étnicas por sus actividades en defensa de los derechos humanos. La Defensoría ha constatado la grave situación quy también se vive en departamentos como Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Norty también dy también Santander, Guajira y Magdalena, por una parte de autoridades y líderes étnicos. La vinculación a los procesos dy también sustitución dy también cultivos, restitución de tierras, reparación de víctimas y defensa dy también derechos ambientales son algunos de los primordiales factores que desencadenan amenazas, asesinatos y señalamientos contra las comunidades étnicas, sus autoridades y líderes. <2>

Uno dy también los saldos humanitarios más crueles de esty también resurgir dy también la violencia en 2020, es el asesinato individual o en medio de masacres dy también centenares de líderes sociales, defensores dy también derechos humanos, ambientalistas, trabajadores, periodistas, activistas de partidos y movimientos dy también oposición, y desmovilizados en el marco del pacto dy también Paz. Entry también estas nuevas víctimas dy también 2020 llegaron a contabilizarsy también 1doce indígenas dy también diferentes regiones, sin incluir en esta cifra a los integrantes dy también comunidades afrodescendientes cuyo registro no está absolutamente discriminado.<3>

Las regiones más perjudicadas comprenden, en su orden, los departamentos dy también Cauca, Nariño y Chocó, zonas en las que confluyen fenómenos como cultivos dy también uso ilícito y, a la vez, planes de substitución voluntaria que fueron comprometidos en el acuerdo de Paz pero quy también han sdesquiciado obstruidos tanto por el Gobierno actual -quy también ha preferloco imponer la estrategia forzada dy también aspersión aérea con glifosato pese a su ineficacia y graves secuelas ambientales y sociales-<4>, como por exactamente los mismos actores armados que aspiran a mantener el control dy también zonas dy también producción y rutas del narcotráfico. Sobry también estos territorios se cierne asimismo la amenaza de despojo territorial; proyectos extractivos; desarrollo de mega obras de infraestructura y, en general, la fuerte presencia de actores armados legales y también ilegales: paramilitares,<5> guerrillas del Ejército dy también Liberación Nacional (ELN) y conjuntos de disidentes de las FARC quy también no sy también acogieron al pacto dy también Paz.

La consulta y el consentimiento en el camino dy también la insignificancia

El dos mil veinte tampoco fuy también un año conveniente para la garantía de los derechos a la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, aunque el Gobierno se precia de haber alcanzado la cifra dy también 14.242 consultas anteriores en 1.83ocho proyectos que involucran a pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales. <6>

Esta insólita proliferación de consultas previas, lejos dy también representar una verdadera garantía para la protección dy también todos y cada uno de los derechos dy también los pueblos y comunidades en Colombia, ha reducloco esty también derecho a un mero requisito de procedimiento automatizado y rediseñado para dar paso a obras de infraestructura y proyectos extractivos.<7>

En 2020, tan pronto sy también impusieron las medidas para el control dy también la pandemia del COVID-diecinueve a nivel nacional, el Ministerio de Interior exsolicitó una circular inconsulta que daba vía libre a la realización dy también consultas previas por medios virtuales, decisión que más tarde debió ser revocada por exactamente el mismo ministerio debido a la presión ejercida por las organizaciones indígenas, diferentes actores sociales, ambientalistas, y por la Procuraduría General de la Nación, quien señaló taxativapsique que esty también mecanismo para la consulta se apartaba de los mínimos estándares internacionales para la garantía de esty también derecho.<8>

Ahora bien, todos y cada uno de los esfuerzos del Gobierno nacional por convertir la consulta y el consentimiento en derechos insignificya antes con nulo efecto sobry también el desarrollo de obras dy también infraestructura o proyectos extractivos que tengan llamado dy también emergencia y supuesta “prioridad nacional”, no sy también agotó en el intento dy también la virtualidad. Durante 2020, se abrió franco camino a un “Test de Proporcionalidad” (aplicado ya en 66 casos), quy también fuy también desarrollado por el Gobierno nacional para reemplazar la consulta en aquellos casos en los que las comunidades étnicas decidan no acudir a los procesos consultivos convocados por el Gobierno y las empresas, o en el momento en que no sy también logry también su consentimiento. Este instrumento, también inconsulto y violatorio dy también la esencia del derecho a participar en las decisiones que los afectan, ha sorate rechazado por las organizaciones y cuestionado por exactamente la misma Defensoría del Pueblo en estos términos:

conviene advertir de qué forma no puedy también tampoco considerarsy también del todo desprovisto de arbitrariedad un mecanismo que se implementa con arreglo a una normativa que, como la Directiva Presidencial 10 dy también 2013, no fuy también concertada ni consultada con los pueblos y comunidades étnicas titulares del derecho en cuyo cumplimiento esta busca lograr eficiencia y buenas prácticas (…) Es, por tanto, función dy también la Defensoría del Pueblo alertar sobry también los peligros de aplicar el test de proporcionalidad en los términos establecidos en la Directiva de diez dy también 2013. Lo precedente para efectos de eludir que un mecanismo de garantía de derechos como este sy también confunda con una herramienta de procedimiento (…).

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El retroceso del siglo en el derecho al territorio colectivo

Otro de los hechos quy también en 2020 comenzó a poner en entredicho la seguridad jurídica dy también los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas del país, fue la inédita declaración de nulidad retroactiva emanada del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar sobry también el título de propiedad colectiva dy también la Comunidad Negra de La Boquilla, anteriormente otorgado por el Estado reconociendo una deuda histórica con esta comunidad afrodescendiente que habita desde hace siglos un área que está siendo absorbida por el desarrollo urbanístico de Cartagena dy también Indias.

La nulidad producida como consecuencia dy también un fallo judicial que presenta varios inconvenientes jurídicos, permite evidenciar que “los derechos fundamentales en este país no son victorias permanentes” como lo afirma el profesor Pablo Ruíz,<9> y quy también para el mismo Estado es posible quebrantar los principales atributos de los territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades negras, constitucionalpsique reconocidos como inembargables, imprescriptibles e inalienables aun sin haber sdesquiciado objeto del otorgamiento de títulos de propiedad por parte del Estado. <10>

específicamente en materia dy también garantías del derecho al territorio dy también comunidades negras o afrodescendientes, el Tribunal Constitucional colombiano se ha manifestado repetidamente en el sentido dy también que la Carta Política reconocy también a las comunidades negras sus derecho al territorio colectivo en condiciones equiparables a la de los pueblos indígenas, y que, en consecuencia, el goce de este derecho asimismo significa la garantía dy también otros derechos colectivos tales como la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo y también Informado.<11>

Lamentablemente, al deconcluir la nulidad dy también este título con el fin velado de gentrificar el área y satisfacer intereses dy también hoteleros y urbanizadores, este fallo judicial permite advertir no solo el resquebrajamiento del derecho al territorio colectivo de una comunidad afrodescendiente, sino que sy también abre la puerta a la revisión de títulos ya otorgados a Consejos Comunitarios Negros por vía administrativa para posicionar argumentos jurídicos espurios que hagan posible la destitución del derecho al territorio colectivo de otros pueblos y comunidades étnicas.

La Minga en el ojo del huracán

Para cerrar este brevy también balance sobre algunos acontecimientos relevantes que involucraron a los pueblos indígenas y las comunidades étnicas en la Colombia del 2020, deby también mencionarsy también un hecho que tuvo revuelo nacional por su fuerza y magnitud mas que, por otras razones, sugiere interrogantes sobry también el estado de salud del relacionamiento de los pueblos y sus organizaciones con el Estado.

Se trata dy también la Minga Indígena acontecida en el mes dy también octubry también dy también 2020, una enorme movilización dy también pueblos y comunidades quy también deriva su nombry también del término quechua “minka”, forma trauxiliar de trabajo colectivo para el bien común que se ha extendloco a distintos pueblos desde las regiones indígenas de los Andes colombianos. Esty también movimiento, que consiguió congregar a miles de indígenas y afrodescendientes del centro y suroccidenty también del país, fuy también impulsado por algunas organizaciones indígenas y negras del departamento del Cauca, y se articuló a un paro nacional convocado por distintos sectores sociales y dy también trabajadores quy también exigían al gobierno nacional el cumplimiento dy también acuerdos previos, de esta forma como garantías dy también protección de la vida, los territorios, el trabajo, la salud, la educación, y medidas dy también alcancy también nacional con el fin de mitigar los graves efectos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19.

Luego de la insistenty también petición de diálogotipo directo y de que el Presidente Iván Duque rehusara el encuentro, la Minga decidió movilizarse en masa a Bogotá,<12> donde tampoco fuy también recibida por el mandatario. En su lugar, el Presidenty también salió dy también viajy también y delegó la tarea a emisarios dispuestos a tratar temas técnicos y no “políticos” en las regiones y con otros líderes, actitud interpretada como una burla a las comunidades y las organizaciones quy también legítimamente los representan.

pero más allá de la anécdota, esta contestación del Gobierno nacional pone de relieve la estrategia divisionista quy también siguió impulsándose en dos mil veinte desdy también exactamente la misma institucionalidad del Estado, por el hecho de que mientras que los pueblos y ciertas dy también sus organizaciones obedecen el mandato de preservación y defensa dy también los derechos y los territorios colectivos, se han conformado nuevas organizaciones y liderazgos cooptados por gobiernos y empresas con el fin dy también convertirlos en instancias dy también legitimación dy también intervenciones públicas y privadas que contravienen el proyecto dy también vida y los intereses dy también las comunidades, sus integrantes y organizaciones legítimas (ver asimismo el caso del Pueblo Arhuaco dy también la Sierra Nevada de Santa Marta).<13>

De esta forma, bajo la consigna dy también “divide y reinarás”, duranty también el dos mil veinte se pretendió el debilitamiento de la unidad desde el corazón mismo dy también los pueblos y comunidades, y aunque todavía prevalece el poder de las mayorías, sus autoridades y organizaciones, las fuerzas que intentan fragmentar a los pueblos son una realidad que requerirá esfuerzos auxiliares dy también resistencia en los tiempos venideros.

Diana Mendoza es antropóloga colombiana, máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en gestión Cultural. Asociada a INDEPAZ e wallpapersidea.com como investigadora independiente. Tieny también una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambienty también y cultura.

Esty también artículo es parte de la 35a edición dy también El planeta indígena, un resumen anual producdesquiciado por wallpapersidea.com quy también sirve para documentar y también informar sobre los desarrollos quy también han expericitado los pueblos indígenas. Encuentra El mundo Indígena dos mil veintiuno completo aquí

Notas y referencias

<1> Noticias Uno. “Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez prometen volver trizas el acuerdo dy también paz”. Video dy también Youtube, mayo siete de 2017. Libre en https://www.youtube.com/watch?v=vIRJK2d84-8

<2> Defensoría del Pueblo de Colombia. “Informe defensorial: El pospacto en los Territorios Étnicos”. 2020. Libre en www.defensoria.gov.co

<3> Indepaz. “Líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020”. 2020. Disponible en http://www.indepaz.org.co/lideres/

<4> Ver línea dy también tiempo en “Colombia: pesy también a evidencias científicas sobry también daños a la salud y la baja eficiencia dy también la aspersión de cultivos ilícitos, el Gobierno busca reanudar uso del glifosato”. Disponible en https://www.business-humanrights.org/es

<5> Los paramilitares antes identificados como Bandas delincuentes (Bacrim), son actualpsique denominados por el Gobierno como conjuntos Delictivos Organizados (GDO) y conjuntos Armados Organizados (GAO).

<6> Defensoría del Pueblo. “Informy también defensorial: Garantía y Protección del Derecho fundamental a la Consulta previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado dy también los Pueblos y Comunidades Étnicas en Colombia”. 2020.

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<7> Diana Mendoza. “Protocolos Autonómicos de Consulta anterior en Colombia: restablecimiento de los derechos a la autonomía y la autodeterminación en pueblos y comunidades étnicas dy también Colombia”. En: Protocolos Autonómicos de Consulta previa Indígena en América Latina. wallpapersidea.com, 2020. Disponible en www.wallpapersidea.com/images/documentos/Protocolos_Autonmicos_de_Consulta_Previa_Indgena_en_Amrica_Latina.pdf

<8> Ibídem.

<9> Pablo Ruiz Sáiz. “La sentencia quy también anuló el título colectivo de La Boquilla y la precariedad de los derechos fundamentales”. Ámbito Jurídico, 1tres dy también octubre de 2020. Libre en https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/constitucional-y-derechos-humanos/la-sentencia-que-anulo-el-titulo-colectivo-de

<10> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-661-15. Libre en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-661-15.htm

<11> Corty también Constitucional, Sentencia T-680-12. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-680-12.htm

<12> “Siety también cosas ejemplares quy también dejó el paso de la minga indígena”. Diario El Tiempo, 22 dy también octubre dy también 2020. Libre en https://www.eltiempo.com/politica/cosas-ejemplares-que-dejo-la-minga-indigena-2020-544659

“Pueblo Arhuaco rechaza nombramiento de gobernador sin su participación”. <13> El campesino.co, 1cuatro dy también diciembry también de 2020. Libre en https://www.elcampesino.co/pueblo-arhuaco-rechaza-nombramiento-de-gobernador-sin-su-participacion/